A lo largo de la historia de la humanidad algunos ideales religiosos y políticos han sido utilizados para acabar con la vida de millones de personas. Las guerras santas en el pasado o la superioridad racial de un pueblo han sido algunos de los principios que han servido de coartada para el exterminio masivo de seres humanos. Esta realidad se evidenció de manera trágica durante la ll Guerra Mundial, en la que millones de personas fueron exterminadas en nombre de unos principios perversos.
Para intentar combatir este tipo de atrocidades en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su artículo 3 se hace hincapié en un aspecto fundamental, el derecho a la vida.
Un derecho que no estuvo reconocido durante siglos
En el mundo antiguo y en la Edad Media la vida de una persona no estaba especialmente protegida desde un punto de vista jurídico. Así, en el feudalismo los individuos eran siervos de un señor y este tenía la autoridad moral y legal para decidir sobre el destino de sus siervos. Algo muy similar ocurrió cuando la esclavitud existía como sistema de organización laboral.
En síntesis, la vida de los individuos se entendía como una propiedad que pertenecía a otros individuos.
Los distintos episodios de genocidio que se han producido a lo largo del siglo XX han puesto de manifiesto la necesidad de proteger la vida humana. Dicha protección no se limita exclusivamente al hecho de estar vivo, sino que se trata de vivir en condiciones de libertad, integridad y dignidad.
Un derecho fundamental
El reconocimiento de este derecho también se incluye en otros documentos internacionales, así como en la mayoría de constituciones nacionales. Por otra parte, está asociado a la protección de la integridad física y moral de todos los individuos sin ningún tipo de excepción.
Desde el punto de vista jurídico, el derecho a la vida tiene un carácter indisponible. Esto quiere decir que se encuentra por encima de cualquier otro derecho. En otras palabras, la libertad de expresión, la libertad de asociación o el derecho a un juicio justo solo tienen sentido si previamente se protege la vida como un bien jurídico.
Por otra parte, se trata de un derecho irrenunciable. Esto implica que un estado tiene la obligación de tutelar dicho derecho incluso cuando se va en contra de la voluntad individual de algunas personas.
En la terminología jurídica se considera que es un derecho natural, ya que es algo intrínseco a la dignidad de las personas. En consecuencia, existe el derecho a la vida incluso si no estuviera regulado en la legislación de una nación.
En algunas legislaciones se contempla la posibilidad de que el derecho a la vida se pueda suprimir en ciertas circunstancias (por ejemplo, cuando las leyes reconocen la eutanasia). Cuando la legislación contempla esta opción el espíritu de la ley apela a la idea de la dignidad de la vida humana.