Una de las actividades laborales más extendidas es el trabajo de administrativo. Es totalmente lógico que así sea, porque cualquier empresa necesita que haya un departamento que se encargue de la organización y gestión del conjunto de la actividad a la que se dedica.
Sus funciones principales son las siguientes: actividades contables (principalmente control de facturas y albaranes), archivo de documentos, supervisión de cuentas bancarias, seguimiento de los datos relacionados con la actividad económica de la empresa y otras funciones similares. El administrativo trabaja con documentos, programas informáticos y cualquier otra herramienta encaminada a controlar la gestión empresarial. Hay que tener presente que los documentos con los que una empresa trabaja deben custodiarse adecuadamente durante un tiempo determinado, ya que la ley así lo determina. Por otra parte, la rentabilidad empresarial depende, en gran medida, de una correcta gestión administrativa.
Para realizar esta actividad, hay que formarse académicamente con anterioridad. Estos estudios son una formación profesional administrativa en la mayoría de países y suelen tener una duración aproximada de dos años.
Las nuevas tecnologías han transformado esta actividad, ya que la informática ha sustituido a los libros de registro tradicionales. Esta transformación ha provocado que el PC sea su herramienta básica de trabajo. En la actualidad, en una hoja de cálculo es posible llevar un control mucho más preciso y detallado que los sistemas que se utilizaban con anterioridad a la informática.
Este tipo de trabajador es un profesional de cuello blanco, expresión que viene del inglés (white-collar worker) para referirse a quien trabaja en una oficina realizando funciones propias de la administración de una empresa. Normalmente, el administrativo trabaja en unas dependencias en las que no hay clientes, pues estos son atendidos por otro tipo de trabajadores: comerciales, vendedores o responsables de atención al cliente.
El término administrativo no solamente se refiere a una profesión, sino que también se aplica a una rama del Derecho, el Derecho administrativo, que se refiere a las estructuras institucionales que pertenecen a la organización del estado.
El Derecho Administrativo
El derecho administrativo se define como aquella rama del derecho dedicada al estudio de las normas y principios que rigen la actuación de la administración pública. De esta manera, regula la forma de organizar la administración y qué potestades le son atribuidas, las relaciones entre las diferentes áreas públicas y las garantías de los ciudadanos frente a posibles actuaciones.
Prerrogativas del derecho administrativo
Funciona en torno a unos principios esenciales entre los cuales pueden destacarse las siguientes prerrogativas.
– Todos los actos tienen presunción de validez.
– Para ejecutar sus actos, la administración no tiene por qué recurrir a los tribunales. En caso de que algún funcionario o usuario no estuviera de acuerdo con estos actos, deberá ser él quien tenga que recurrir a los tribunales.
– constituye un límite a la libre actuación de la administración.
– protege los intereses públicos.
– A diferencia de los también conocidos como derechos codificados, el administrativo es un derecho cambiante.
Claroscuros del derecho administrativo
En derecho hay una expresión muy definitoria sobre las zonas borrosas en las que se mueve el derecho administrativo y es aquella que dice: “La Administración huye hacia el derecho privado”. Pese a que en teoría la administración debe regirse por el derecho administrativo, hay determinados asuntos en los que actúa siguiendo el derecho privado, provocado por el encorsetamiento normativo que sufren las actuaciones, privándole de una libertad de movimientos que en muchos casos se traduce en una lentitud excesiva e incluso un cierto anquilosamiento. Frente a ello la sociedad demanda un desempeño más rápida y ágil, lo que lleva a que el sistema, si quiere satisfacer este clamor popular, deba aparcar la vía jurídica y lanzarse a la senda privada.
Habitualmente esta situación se entiende como algo meramente circunstancial, ya que las demandas sociales son cambiantes según el momento, lo que lleva a que la legislación se adapte perfectamente a ciertas demandas, mientras que en otros casos sea necesario este cambio temporal.
Pero en cualquier caso, en última instancia, el problema radica en que la administración cada vez está más maniatada a la hora de actuar con libertad, debiendo hacer frente a mayores trabas y gozando de un margen de maniobra escaso, lo que termina por provocar situaciones de auténtica injusticia social difícilmente solucionables con el marco jurídico en vigor.