La actividad social y económica relacionada con la agricultura es más diversa y compleja de lo que puede parecer a primera vista. El mundo agrario incorpora muchos sectores: la agricultura, la ganadería, la piscicultura, la caza o el ámbito forestal. Esto hace que sea lógico que el derecho se ocupe de regular una serie de normas que se refieran a este conjunto de actividades.
El derecho agrario engloba toda la legislación de un país relacionada con las actividades propia del campo y de todo lo relacionado con él.
La agricultura y los sectores afines conforman una esfera de la economía muy singular, porque aunque no tenga un peso relevante en el PIB de la mayoría de naciones, se ocupa de producir las materias primas necesarias para la supervivencia de toda la población. Esta peculiaridad hace que el derecho agrario tenga una marcada función social, lo cual quiere decir que las normas legales que lo rigen expresan la necesidad de contemplar este derecho como un cuerpo jurídico con un claro sentido comunitario.
Por otra parte, el derecho agrario tiene la finalidad de concretar una protección a las empresas de este sector. En este sentido, la legislación tiende a elaborar normas que faciliten el acceso a la propiedad de la tierra. Dos ejemplos concretos de esta tendencia legislativa serían los siguientes: la especificación de las dimensiones mínimas de explotación y el fomento de las cooperativas. Esta realidad se plasma en ocasiones en la existencia de algunos tribunales agrarios autónomos. Un caso concreto es el tribunal de las aguas de la ciudad de Valencia, en España, donde los propios agricultores han creado un tribunal ( que existe hace más de 500 años ) para solucionar los conflictos relacionados con el riego de los campos de cultivo.
El proteccionismo jurídico propio del derecho agrario se fundamenta en la fragilidad de las actividades del campo, ya que la inestabilidad de la naturaleza puede afectar gravemente al equilibrio de cualquier actividad agraria ( las lluvias torrenciales o los periodos de sequía son un buen ejemplo de ello ).
El derecho agrario es igualmente un instrumento para el desarrollo rural, así como una herramienta muy útil para posibles reformas agrarias. No hay que olvidar que la propiedad de la tierra ha sido y es un permanente foco de conflictos sociales, por lo que se hace necesario que el derecho también aplique normas que ordenen las relaciones humanas vinculadas al campo, evitándose así los posibles conflictos.