Se define violencia como el uso de la fuerza o de la coacción a fin de imponer una voluntad o ejercer dominación sobre otro. En este sentido, la violencia institucional es aquella que se lleva a cabo por una autoridad legal y legitimada en contra de individuos o de colectivos de manera arbitraria e injustificada y sin dar seguimiento al debido proceso.
Este tipo de violencia puede manifestarse en los funcionarios y servidores públicos, o en todos aquellos que pertenezcan a alguna organización de orden gubernamental o formalmente constituidas que ostenten algún tipo de autoridad al servicio público y cuyas conductas vayan en detrimento de los derechos ciudadanos limitándolos, obstaculizándolos o impidiéndolos.
La violencia institucional ocurre cuando agentes o miembros de organizaciones públicas, al ostentar su cargo, llevan a cabo de manera inadecuada sus funciones y no proporcionan ni la información ni los servicios de forma adecuada provocando un trato injusto e incurriendo en situaciones de abuso de poder. En este sentido, cualquier autoridad gubernamental o institucionalizada, como puede ser el caso de organismos internacionales, universidades o asociaciones no gubernamentales, pueden incurrir en este tipo de prácticas que tienen efectos negativos directos en el ejercer de los derechos de los ciudadanos y que pueden afectar tanto la integridad individual como colectiva.
Ejemplos de violencia institucional y el cuestionamiento de la víctima
Quienes gobiernan, en todas las áreas e incumbencias, actúan y trabajan para el beneficio de la sociedad toda. Este tipo de agresión contra la vida de las personas puede darse de muchas maneras distintas. La más común y visible es la que ejercen las fuerzas policiales y que la mayoría de las veces se da en contextos de desigualdad social. De este modo, actúa violando sus propios límites y controlan o maltratan a sectores humildes de un modo que probablemente no lo harían con sectores más poderosos. Pero no es la única manera. Desde las instituciones públicas se puede manifestar con la negligencia, la falta de soluciones, la indiferencia o incluso también cuando una persona se presenta a reclamar por sus derechos.
Un ejemplo muy recurrente se lleva a cabo a través de la llamada revictimización. Cuando ocurre un daño a causa de la perpetración de un delito, se le llama víctima a quien padece de este daño; al hablar de revictimización o victimización secundaria, nos referimos al proceso por el cual la víctima vuelve a padecer un perjuicio al ser cuestionada o culpada por el delito que se cometió en su contra. Si bien esta situación puede presentarse en un entorno cotidiano y con individuos que no necesariamente pertenecen a una institución legal, en lo subsecuente nos referiremos a aquella que se ejerce desde el Estado.
Las autoridades gubernamentales pertenecientes a los distintos órdenes de gobierno, tienen por obligación responder a las demandas ciudadanas y, entre otras cosas, asegurar la impartición de justicia. Sin embargo, suele ocurrir que cuando se es víctima de un crimen, en ocasiones ocurre que aquellas autoridades encargadas de darle seguimiento, parecen obstaculizar el debido proceso y no dan una atención adecuada a la víctima a través de actitudes como: omitir información, insinuar que la víctima es también culpable de haber padecido el delito o sugiriendo que lo que le ocurrió no es relevante.
La mujer como grupo vulnerable
Si bien cualquier individuo o grupo social puede ser susceptible a padecer este tipo de violencias, suele ejercerse sobre individuos o grupos que de por sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Tanto la violencia institucional como la revictimización suelen estar muy vinculados con la violencia de género, tal como se puede ejemplificar en los casos de delitos sexuales, donde es recurrente que a las personas (sobre todo a las mujeres) que padecen de este tipo de crímenes, al acudir a realizar la denuncia procedente ante el ministerio público, se les cuestione sobre el porqué estaban en determinado lugar, a determinada hora, vistiendo determinado tipo de ropa, aun cuando estos elementos no tendrían por qué tener efectos en la declaración ni, bajo ninguna circunstancia, podrían considerarse como atenuantes de un delito, es decir, lo que ocurre con desafortunada frecuencia, es que se le imputa a la víctima parte de la culpa por haber sido violentada en su sexualidad.
Lo anterior es tan solo un ejemplo de situaciones que son comunes y que representan una forma de revictimización y, por ende, de violencia institucional. Sin embargo, esta última puede ocurrir en diversas áreas y en distintos ambientes institucionales más allá de lo penal.
El simple hecho de que un servidor público se niegue a realizar un trámite sin causa fundamentada o que entregué información errónea a un usuario a sabiendas de que esto es así, se puede considerar como caso de violencia institucional.
Organismos de defensa
Si bien este tipo de violencia es ejercida por las propias autoridades, también es preciso mencionar que existen mecanismos para denunciar y ejercer adecuadamente el derecho de todo ciudadano de recibir un trato justo y eficaz al hacer uso de diversos canales institucionales.
En México, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública es el organismo encargado de procurar una administración pública eficiente y que cumpla con los objetivos para la que fue creada. Igualmente, la Comisión Nacional de Derechos humanos también tiene facultades para emprender acciones contra actos relacionados con el abuso de poder o la inadecuada gestión y práctica de los funcionarios y servidores públicos.
Autora
Escrito por Ángeles Ortiz-Espinoza para la Edición #104 de Enciclopedia Asigna, en 09/2021. Ángeles es Lic. en Ciencias Políticas, artista plástica y de la escena, escritora e investigadora social, con amplia experiencia en publicaciones a nivel académico y literario.