La derogación es el proceso mediante el cual una determinada normativa deja de estar en vigencia. Se opone al concepto de promulgación, esto es, a la disposición mediante la cual se torna vigente una normativa específica. La derogación es un procedimiento común dentro del contexto de un estado de derecho y es desde esta perspectiva que debe considerársela. En este sentido, cabe señalar que la derogación de las normas de un estado puede efectuarse tanto explicita como implícitamente, dependiendo del contexto en la que la misma se lleve a cabo. Este accionar, derogar normas, es una potestad tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo, siendo tan solo este último el encargado de derogar leyes.
Antes de cualquier consideración, cabe señalarse que existen distintos tipo de normas en un estado. Algunas constituyen leyes y son competencia del poder legislativo. Otras por el contrario, son las denominadas normas reglamentarias y las mismas son competencia del poder ejecutivo. La derogación de dichas normas cabe a cada poder respectivamente. El espectro más relevante, empero, es el que compete al poder legislativo, puesto que sus disposiciones afectarán a una jerarquía superior de normas. En cualquier caso, las normas derogadas dejarán de estar en vigor y será improcedente cualquier tipo de apelación a las mismas.
Como se ha adelantado, las distintas normas que constituyen un sistema jurídico pueden verse derogadas tanto explicita como implícitamente. En el primer caso existirá una disposición escrita que dará cuenta de tal proceso, estableciendo que ley se deja de lado. El segundo caso tiene que ver con la enunciación de una nueva ley que se contradiga con otras anteriores y que deje constancia la derogación de las mismas; en este caso, al momento de su promulgación las viejas disposiciones dejarán de estar en vigencia; en este sentido es relevante destacar que las normas anteriores deberán tener el mismo nivel o jerarquía. En cualquier estado podrá observarse ambos tipos de procedimientos.
La derogación de una norma puede llevarse a cabo con diversas motivaciones. La más común de todas es la poca relevancia que tiene en función de un nuevo contexto social y económico. En efecto, de poco sirve una normativa que tiene poca aplicación práctica. Así, es posible cada tanto que las mismas sean dejadas de lado por una nueva coyuntura o por nuevas normas que se adaptan de una manera más eficiente al susodicho contexto. Es ante todo una circunstancia de sentido común.