Definición
El lunes 18 de julio de 1994 a las 9:53 a.m. en la ciudad de Buenos Aires, un coche bomba se estrelló sobre el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) provocando el mayor atentado terrorista de la historia argentina con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
La causa AMIA ha sido muy emblemática, ya que aún no se conocen a los culpables, los causantes son solo hipótesis y el Estado fue denunciado por encubrimiento. Recientemente, la causa llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual estableció que no hay razones que justifiquen las demoras en el esclarecimiento del atentado a la AMIA, alegando que hubo y hay procesos de encubrimiento que entorpecen el acceso a la verdad sobre lo ocurrido.
Los hechos
En la mañana del 18 de julio de 1994, un coche bomba impactó contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicado en el barrio porteño de Once, provocando su derrumbe inmediato y el daño a los edificios cercanos.
Este atentado ha sido caracterizado como el mayor atentado terrorista de la historia argentina con un total de 85 muertos y más de 300 heridos. Además, se considera el mayor ataque contra objetivos judíos posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Tres días después del atentado, el 21 de julio de 1994, alrededor de 150 mil personas se reunieron en el Congreso para pedir justicia por las víctimas. Con el objetivo de seguir la investigación judicial y preservar la memoria, se crearon tres organizaciones formadas por víctimas y familiares de víctimas: Memoria Activa, Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado contra la AMIA 18-J y Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia). Estas organizaciones han tenido un rol fundamental en la investigación sobre operaciones ilegales llevadas a cabo por el Estado para encubrir el atentado.
Causa judicial 1994-2003, del juez Galeano
Luego del atentado, la investigación de la causa quedó a cargo del juez federal Juan José Galeano. Mientras continuaba el rastrillaje, el 25 de julio se encontró el motor del coche bomba entre los escombros. A partir de eso se analizó la cadena de los propietarios hasta llegar al último: un reducidor de autos robados llamado Carlos Alberto Telleldín. Dos días más tarde, el sospechoso fue arrestado.
Continuadamente, el 9 de agosto, Galeano dictó el procesamiento a Telleldín y pidió la captura de cuatro funcionarios del gobierno iraní responsabilizándolos por el atentado a la AMIA. Esta información se la habría brindado un disidente iraní con el que Galeano se reunió en Venezuela una semana después del atentado.
En diciembre del mismo año se allanó Campo de Mayo y se detuvo a militares y ex militares por presunta vinculación con el atentado. No obstante, la investigación se fue diluyendo sin que se pudiera probar su vínculo con el atentado. Hoy en día siguen siendo investigados.
Para 1996, Telleldín, quien hasta el momento decía que no sabía a quién le había vendido la camioneta, cambió el relato y aseguró que el vehículo había sido otorgado a un grupo de policías. De esta forma, cuatro policías fueron procesados por ser partícipes del atentado.
No obstante, posteriormente salió a la luz un video en que se veía a Galeano ofreciendo dinero a Telleldín a cambio de su declaración. Así, en el juicio oral llevado a cabo en 2001 se comprobó que Telleldín había recibido un pago de 400.000 dólares por parte de Galeano. Ese dinero había salido de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Este juicio oral fue cuestionado por la AMIA, DAIA y Memoria Activa, a la vez que fue rechazado por Apemia aduciendo que era un juicio para encubrir al Estado.
Para marzo de 2003, Galeano adjudicó el atentado a elementos radicalizados de Irán dictando la captura internacional de 12 funcionarios. No obstante, en diciembre del mismo año, el juez Galeano fue alejado de la causa, la cual pasó a estar en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral.
Cronología del proceso de investigación judicial 2004-2021
En septiembre de 2004, se creó una fiscalía especial conocida como Unidad Fiscal AMIA, la cual quedó a cargo del fiscal Alberto Nisman. En ese mismo año se anuló la causa AMIA llevada a cabo por el juez Galeano debido a las irregularidades de su accionar. De esta forma, todos los imputados fueron liberados.
Para 2006, la causa AMIA pasó a la Corte Suprema de Justicia y el fiscal Nisman emitió un comunicado adjudicando el atentado a funcionarios del gobierno iraní y a Hezbolá, grupo insurgente libanés. Así, se solicitó la captura internacional de los imputados e Interpol dio curso a esas órdenes de captura, ratificando la decisión de la justicia argentina y ordenando la emisión de circulares rojas para capturar a los acusados.
En el año 2009, la Corte Suprema anuló la sentencia del 2004 que anulaba la sentencia a todos los imputados. Así, Telleldín volvió a Primera Instancia y comenzó un juicio por encubrimiento al expresidente Menem. Asimismo, el juez Galeano fue procesado por falso testimonio y sobornos.
En 2013, la presidenta Cristina Fernández publicó un memorándum de entendimiento con Irán. No obstante, AMIA y DAIA elevaron un recurso de amparo solicitando que el memorándum sea declarado inconstitucional (lo cual finalmente sucedió en diciembre de 2015).
En enero de 2015, el fiscal Nisman denunció a Cristina Fernández por encubrir a los responsables iraníes. Asimismo, Nisman denunció a Carlos Menem y a Mauricio Macri por encubrimiento. No obstante, el fiscal, quien debía asistir al Congreso para presentar evidencias sobre el caso (entre ellas, escuchas telefónicas) apareció muerto en su departamento el 18 de enero de 2015. Todavía no se esclarecieron las causas de su muerte que varían entre suicidio, suicidio inducido o asesinato.
En agosto del 2015, comenzó el segundo juicio contra ciudadanos argentinos, entre los que se encontraban el exjuez de la causa Juan José Galeano, el expresidente Carlos Menem, el exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el expresidente de la DAIA Rubén Beraja. Sin embargo, en el 2017 renunciaron los abogados del gobierno en este juicio alegando que eran presionados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, para acotar su participación en el proceso. En la actualidad, los culpables siguen siendo desconocidos y permanecen en libertad. La AMIA aún pide justicia.