Una sanción es la aplicación de una pena determinada que se deriva de haber violentado una norma o reglamento. El término tiene una raigambre jurídica, pero también es posible referir a sanciones en otro tipo de ámbitos, como por ejemplo el deportivo o en ámbitos de enseñanza. Las sanciones pueden ser de diverso calibre, pudiendo remitir a la reclusión en prisión, multas, inhabilitaciones para determinados desempeños laborales o, tratándose de instituciones privadas, la expulsión; las sanciones en este sentido son parte de las sociedades desde el momento en las que las mismas se organizan con algún tipo de normas, esto es, existen entre nosotros desde la antigüedad. No obstante, existe otra variante en lo que respecta a la significación del término; en efecto, el mismo también puede remitir a un acto de índole institucional por el cual el poder ejecutivo valida una ley dictada por el poder legislativo.
Entendidas como un acto punitorio, puede referirse que las mismas ya estaban previstas en los códigos jurídicos de civilizaciones antiquísimas. Por ejemplo, una sentencia al respecto de enorme cantidad de años es la que señala “ojo por ojo, diente por diente”; es la famosa ley del talión, una de las expresiones más remotas de justicia retributiva. La misma establece que la sanción que se aplica contra una persona debe ser igual al daño que la misma causó. Desde la visión contemporánea, esta consideración puede sonar como un exceso; en efecto, nuestros códigos no suelen aplicar el mismo daño que se intenta sancionar, los reos tienen garantías a las que pueden invocar en cualquier momento. No obstante, la ley del Talión significa un gran avance en lo que respecta a la consideración de la sanción; en efecto, en el pasado, las mismas podían incluso exceder en buena medida al daño cometido, circunstancia que las equiparaba más a una venganza que a la justicia.
Entendida como un acto administrativo de carácter institucional, la sanción debe interpretarse como una relación que se establece en el ámbito de una república. En efecto, las leyes suelen ser debatidas por distintas instancias del poder legislativo. Cuando se llega a un acuerdo sobre las mismas, se envían al poder ejecutivo para que el mismo conceda su visto bueno y la norma comience a regir apara los habitantes del país en cuestión; en el caso de que el poder ejecutivo rechace la nueva norma dictada por el legislativo, se dice que la misma es vetada. Este tipo de proceso debería ser habitual en una república sana.