Como sucede en casi la gran mayoría de los estados en provincias de los países latinoamericanos, las comunidades oriundas se encuentran en constante resistencia para proteger sus ideales, religiones, tradiciones y territorios, los cuales han sido despojados no solo por adinerados productores o políticas económicas erróneas, sino también por jornaleros asociados a grupos políticos que se apropian de tierras que han pertenecido por estos grupos étnicos desde hace cientos de años; tal es el caso de los Wixárikas, reconocidos como huicholes, ubicados en algunos municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, en México, los cuales desde hace 5 décadas siguen batallando contra el robo de 11 mil hectáreas que han sido invadidas por ganaderos y talamontes, los cuales simplemente tomaron fuera de ley, no solo apropiándose del lugar sino talando de manera desmedida ocasionando un grave daño ambiental, dicha invasión está protegida por grupos políticos de la zona.
Los Huicholes ya han acudido a estancias legales durante varios años y las resoluciones siempre han sido a su favor, a pesar de ello, los invasores no han abandonado el lugar, en algunos de los casos se han entregado indemnizaciones para que dejen el lugar, pero no lo han hecho, por el contrario han generado mayor poder monetario; los representantes legales de los Wixárikas han dado a conocer a medios el origen natural de su propiedad, la cual data desde el año 1953, donde se decreta la pertenencia a este grupo indígena y esto no es algo contemporáneo, desde el año 1718 ya se reconoce un título virreinal donde se menciona como único dueño de este territorio en San Sebastián, Teponahuaxtlán, en Jalisco, al pueblo Wixárika.
El robo a los pueblos originarios
Muchas son las causas por lo que estos pueblos son despojados en su totalidad o de una parte de sus tierras, una de las principales y la que más los ha afectado, es el beneficio económico, en estos espacios se suelen encontrar muchos recursos naturales que se extraen para poder transformarlos en una gran diversidad de mercancías, la minería y lo energéticos son de los casos más reconocidos, ya sea que se apropien grupos para explotar dichos recursos como el caso Wixárika o que el gobierno brinde concesiones sin previo aviso a los originarios, violando su autonomía y derechos; por tal motivo es que muchas comunidades se encuentran en litigios desde hace años, donde los tribunales agrarios no resuelven de manera efectiva, no es algo descabellado suponer que no se solucionan dichas demandas debido a la corrupción.
Los Wixárikas no son el único caso en México con este problema de extinción, se han dado miles de ellos a lo largo de su historia y que todavía están vigentes, como los Nahuas, en Zacualpan, estado de Colima, los cuales luchan por mantener sus tierras libres del constante ecocidio por la extracción de oro y plata en la región, otro caso notorio es el de los indios Nasa, en Cauca, Colombia, zona por donde cruza la cordillera de los andes en este país, estos cuales viven en pequeñas reservas creadas por el gobierno, pero lejos de su zona de origen, debido a que se vendieron a mineras extranjeras alrededor de 600,000 hectáreas de tierra que era de su posesión.
Por la actividad petrolífera también han migrado de su territorio diferentes comunidades, como los Waoranis en Yasuni, Ecuador, estos inclusive ya se consideran al borde de la extinción, muchos de ellos han dejado sus costumbres natas para adaptarse a la modernidad, dejando todas sus raíces en manos del olvido, al igual que los mapuches en Chile y zonas de Argentina y pueblos en la amazonia; no solo existen robos de territorios, también se han dado casos de genocidio ocasionado por la pobreza extrema a la que se orilla a estos pobladores, exterminando su forma de subsistencia y una falta de apoyos económicos, sociales y de salud.
En muchos de estos países, las políticas fueron y siguen siendo encaminadas a este tipo de expoliaciones de la tierra, durante la década de los ochentas y noventas los modelos económicos se enfilaban a la privatización de los sectores, dichas medidas eran establecidas para crecer y poder competir ante una globalización inminente, en estas reformas se establecían ofertas atractivas en convenios para la inversión exterior, de donde destacaban las concesiones de explotación de recursos naturales para instalar todo tipo de compañías; entrando el año 2000, comenzó a existir una preocupación por la preservación natural y humanitaria ante padecimientos graves de extinción en todo lo que involucra a estas comunidades, por tal motivo es que muchas organizaciones independientes a nivel mundial invitaron a países de Latinoamérica a firmar acuerdos para mantener sus derechos y autonomías vigentes, uno de los más reconocidos es el 169 por la Organización Mundial del Trabajo sobre los pueblos indígenas y la declaración de la UNU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas firmada en 2007.
La marcha de un mes
Al no tener una respuesta clara a las sentencias ganadas por parte de los gobiernos locales, los Wixárikas emprenden una caminata hasta la capital del país a modo de reclamo y con la espera de ser atendidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador; la marcha tendrá una duración de 30 días y se recorrerán alrededor de 900 kilómetros, estas acciones surgen con la finalidad de evitar un grave conflicto violento y ser escuchados para que la autoridades simplemente hagan su trabajo (cabe destacar que ya se han dado situaciones de violencia por unas cuantas parcelas) la caravana consta de 200 representantes de dicha comunidad, esta arranco el 25 de abril y está por llegar a su fin.
En la Ciudad de México muchos simpatizantes ya esperan a los Huicholes, los cuales ya no son 200, son alrededor de 500 por la integración de grupos de apoyo durante la parte que ya ha sido recorrida; con los pies cansados y llagas en la plantas, pretenden culminar su obra para que todo el país y el mundo entero escuche su llamado de auxilio.