La legitimidad es la condición que tiene algo de estar ajustada conforme a la ley. Puede referir a un gran número de situaciones, especialmente a aquellas que refieren a actos de gobierno. En este sentido, puede aducirse que algo legitimo en general remite a la denominada ley positiva, conjunto de normas definidas explícitamente que rigen una sociedad, aunque también puede encontrarse algunas expresiones que aluden a la ley natural, normas que guían al comportamiento y que se encuentran grabadas en la naturaleza del hombre. Como concepto antagónico puede hacerse alusión a la lo ilegitimo, aquel orden de cosas que se escapan de lo que dispone el derecho.
Desde un punto de vista político, hablar de legitimidad implica, en la actualidad, considerar que un determinado poder se erige siguiendo los designios y los mecanismos que una sociedad ha definido. Esto implica un criterio extendido y aceptado, el hecho de que el poder emana del pueblo. No obstante, en épocas pretéritas, esta creencia era dejada de lado en función de otras. Así, por ejemplo, por mucho tiempo la organización social consideraba que la autoridad se heredaba; es el caso de las reyes y de las familias de las que surgían. Este tipo de cosmovisión terminó por desquebrajarse durante la denominada revolución francesa y es en esta medida en que este suceso marca el fin y el comienzo de una era.
Cabría preguntarse qué fenómeno hace que un determinado orden de cosas sea considerado legítimo. La ciencia política expresa en ese sentido que esta condición refiere a la aceptación por parte de los gobernados de los argumentos para sostener el susodicho orden. Es por ello que en la actualidad suele ponerse a la legitimidad como una condición de aceptación por parte de una determinada comunidad. Sin esta aceptación, sin este proceso de consenso, la misma sería inexistente. Desde esta perspectiva se entiende que los regímenes dictatoriales pueden llegar a tener una cuota de poder, pero su legitimidad es nula, en la medida en que carecen de la validación por parte de la comunidad; lamentablemente la historia se encuentra plagada de experiencias de este calibre.
El hecho de ajustarse a la ley es uno de los criterios para considerar si una acción determinada e legítima o no, pero este hecho guarda justamente relación con la circunstancia de que la susodicha ley haya sido engendrada según los designios y mecanismos que la misma voluntad popular estableció de antemano.