Biografía de Julio César Strassera

Nació en el sur argentino, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Su padre era empleado contable en YPF y lo enviaron a dicha localidad, animado por un aumento de sueldo.

En algún momento, recordó, dicha estadía como muy dura y compleja, por la falta de verduras, el fuerte viento y un contexto prácticamente de desierto.

Regresaron a Buenos Aires y se estableció con su familia en la localidad bonaerense de Villa Ballester.

Estudió en un colegio alemán y luego se mudaron al barrio porteño de Palermo donde continuó estudiando en una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires.

Fue enviado pupilo al Colegio religioso San José por cuatro años, tras la separación de sus padres. Terminó la secundaria en el Nacional Sarmiento.

Políticamente se declaró radical.

Trabajó en un estudio jurídico, en YPF y en Standard Oil.

Estudió la carrera de Derecho a pesar de que le gustaba la ingeniería.

Ingresó al Juzgado Federal 1, a cargo del Juez Martín Insaurralde, e hizo el típico trabajo de “pinche”.

Se graduó como abogado.

Fue secretario del Juzgado Federal 4, a cargo del Juez Miguel Ángel Inchausti, cuando se produjo el golpe militar y se instauró la dictadura.

Se desempeñó como fiscal general, pero como sus resoluciones en materia de hábeas corpus incomodaron a los dictadores “lo ascendieron” a juez de sentencia y fue enviado al fuero ordinario para juzgar la delincuencia común, lejos de toda cuestión inherente al poder.

Fue Fiscal de la Cámara Federal cuando se restableció la democracia.

El flamante gobierno de Raúl Alfonsín, asumido en diciembre de 1983, decidió reformar el Código de Justicia Militar y con ello consiguió sacarle la causa a la jurisdicción militar y pasársela a la justicia civil, más precisamente a la Cámara Federal.

Tomó la causa como una más, pero luego advirtió que de ninguna manera lo era, ni lo fue, claramente…

Necesitaba un equipo sólido, valiente y con experiencia, pero poco a poco descubrió que no lo tenía, principalmente, porque la mayor parte del poder judicial de aquellos años eludió integrar su fiscalía. Por un lado, por el temor al poder de daño que aún conservaban las fuerzas armadas, y por otra parte, porque consideraban que el ímpetu del gobierno de Alfonsín pronto perdería fuerza.

Ante la sequía de profesionales experimentados, recurrió a un grupo de jóvenes pujantes, conocidos popularmente como “los fiscalitos de Strassera”, entre ellos, su fiscal adjunto: Luis Moreno Ocampo, con quienes planeó una estrategia de acusación singular y efectiva: presentar casos emblemáticos, no cantidad, sino calidad de prueba.

El basamento de los casos fue la documentación reunida oportunamente por la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas).

Acusó a los jefes de las Juntas Militares que representaron el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983): Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri, entre otros, y que perpetraron desde el estado un cruento y sistemático plan de tortura y exterminio de aquellos que no apoyaron su gestión, o la contravinieron de alguna manera.

En dicho proceso no solo tuvo que enfrentar amenazas personales contra su vida y su familia, sino también contra su equipo, y el desprecio de muchos colegas de aquellos años, todavía contaminados con el proceso antidemocrático precedente que no entendieron como podía acusar a los militares, porque “entendían” que defendía a los guerrilleros.

En reiteradas ocasiones declaró que, lo único que se proponía era sacar a la luz el genocidio implementado desde el poder del estado, y darles a los comandantes y jefes militares la posibilidad de defenderse en un proceso judicial justo, con las garantías del debido proceso, algo que éstos les negaron a miles de sus víctimas.

Reunió un equipo joven y bastante inexperto pero que tenía muchas ganas de trabajar a favor de esta posibilidad única que se presentaba ante sus vidas.

En pocos meses y con extensas jornadas laborales lograron reunir las pruebas que demostraron el sistemático plan de exterminio que llevaron a cabo Videla y Cía., y lo más relevante: que dicho proyecto se había extendido por todo el país, en momentos en que la guerrilla, la presunta justificación de los militares, ya estaba diezmada y casi eliminada.

Demostró en el juicio que la planificación incluyó metodología repetida a lo largo y ancho del país, con matices, pero calcada: secuestros, torturas, asesinatos o reclusión en centros clandestinos, robo de niños, de bienes materiales, incluso, muchos de esos niños fueron robados a sus madres detenidas y entregados a otras personas; demostró que algunos militares se apropiaron y modificaron sus identidades.

Durante los meses que duró el juicio se ocupó fundamentalmente de destruir las estrategias de la defensa que propusieron una hipotética (e inexistente) guerra contra la subversión.

Fue amenazado de muerte. Si bien a diario le llegaban a la fiscalía sobres intimidatorios y llamados; y a su casa lo propio, todo se agravó cuando ingresaron a su domicilio particular y le dejaron una nota amenazante con una bala.

Presentó su alegato, que por su vehemencia y la cuidadosa elección de cada palabra y frase pasó a la historia, además de conmover a toda la sala y al país.

En sus palabras: “señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca Más”.

La sala del tribunal lo ovacionó y lloró.

Tras la sentencia a los militares se desplegó una serie de atentados: explosiones y amenazas de bombas por doquier.

Se retiró de la justicia porque consideró que su tarea en la misma ya estaba terminada.

Asumió como embajador argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en la ciudad de Ginebra.

Criticó con fervor las leyes de punto final y obediencia debida, dictadas por el gobierno de Raúl Alfonsín, y que tuvieron el fin de aplacar los alzamientos militares.

Renunció al cargo de embajador en la ONU, enfurecido por los indultos del presidente Carlos Menen a los comandantes de las fuerzas armadas que él encarceló.

Reanudó su tarea como abogado y presidió la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Fue abogado defensor del ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, en la causa que le iniciaron para destituirlo, tras el incendio de la discoteca Cromañón. Ibarra fue uno de los jóvenes que participó del grupo de los “fiscalitos”.

Fue denostado por el kirchnerismo cuando se opuso al proyecto de reforma del poder judicial y por criticarles el uso político de los derechos humanos.

Falleció por un cuadro de hiperglucemia y una infección en el intestino. Tenía 81 años.

Recibió un Premio Konex al mérito, en la diciplina de magistrados.

Se estrenó la película Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín, que lo interpretó y que aborda justamente el juicio a las juntas militares.

La película fue seleccionada, por la Argentina, para competir en los Premios Oscar, en la categoría de mejor película extranjera.