En México, comenzó un gran debate por la iniciativa del poder ejecutivo a reformar los artículos constitucionales 25, 27 y 28 con respecto a la práctica de comercialización y producción energética. Estas propuestas y modificaciones han causado el desacuerdo de un buen grupo de legislativos con respecto a numerosas temáticas, una de ellas y la más relevante es la ampliación de participación del estado, ya que se busca aumentarla en un 54% y bajar la actividad privada a un 46%, eliminando, para poder lograr este objetivo, contratos filiales y subsidios, considerando este punto un posible monopolio que rompe con la constitucionalidad. Por ello, los opositores han alargado la decisión, pero no solo es por este asunto en particular, sino por muchos otros que continúan debatiéndose.
Otros factores que ponen en duda una votación favorable ante dicha reforma, es la perspectiva monopólica de la extracción, producción y comercialización del litio que se encuentra en gran cantidad en el norte del país, principalmente en estados como San Luis Potosí, Baja California, Zacatecas y Sonora. Este material se encuentra en tendencia debido a su excesiva utilidad en la producción de baterías en dispositivos móviles y otros objetos eléctricos, inclusive autos; el segundo es la posición del estado de ser el único ente de abastecer y distribuir la energía eléctrica sin ningún tipo de intermediarios, cancelando inclusive algunos contratos ya establecidos en muchos sentidos.
Contrariedades y discursos
Toda esta modificación a la constitución no solo ha alterado a la oposición en el congreso de la unión, también a gran parte de la opinión pública e inversionistas, ya que se considera un grave riesgo económico el dejar fuera la inversión privada en este importante sector, aludiendo al regreso de prácticas neoliberales y una eminente desestabilidad económica por una posible fuga de capitales ante la cancelación de los contratos y subsidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que algunos de estos acuerdos originan una desigualdad notoria con respecto al pago del servicio, existiendo beneficios para compañías que no pagan a la par el servicio como el resto de la ciudadanía, este discurso de alguna manera va encaminado a tener el apoyo de toda la sociedad, aunque también se debe considerar que en dicho alegato se marca claramente que no se pretende nacionalizar el sector energético, simplemente darle un lugar importante a la Comisión Nacional de Electricidad, sin embargo, existen algunos puntos que deben ser importantes destacar para que toda persona entienda por qué un grupo de legisladores y analistas se oponen rotundamente.
¿A qué se refieren algunos analistas con un retroceso? En primer lugar a que se deja de lado la posible inversión a nuevas energías renovables, ya que no se especifica en ningún punto de dichas modificaciones un apartado en la que el control del estado se encamine de laguna manera a invertir en nuevas formas de crear combustibles que no afecten el medio ambiente o reutilizar la energía, para nada se hace referencia a este grave problema mundial en la actualidad, no por nada los líderes mundiales se reúnen cada año para incentivar su economía bajar las emisiones de gases, por el contrario, se busca incrementar en gran medida la extracción de un mineral como el litio y de nueva cuenta llevar al límite la obtención de este, tal como lo fue el petróleo un tiempo atrás, en segundo lugar es la disminución de inversión privada que pudiera generar empleo y beneficios para la estabilidad económica.
Decisiones y juegos de opiniones
Ante el argumento por parte de los detractores del gobierno sobre una posible crisis energética en el largo plazo para la falta de inversión, los seguidores de la cuarta transformación (4T) se apoyan en el porcentaje mostrado con anterioridad, en la que se hace referencia a una participación mayoritaria por parte del estado pero sin dejar de lado la intervención privada en algunas actividades, supuestamente, las empresas con contratos tienen muchos beneficios exagerados que no son justos para el resto de la sociedad, se pretenden crear nuevos convenios con nuevas empresas o con las mismas si es necesario para delimitar bien las clausulas sobre su intervención.
Aún faltan días para que los legisladores tomen la decisión, existiendo división de opiniones a pesar de que existe mayoría de militantes del partido político al que pertenece el presidente, donde sin dudas las alianzas serán determinantes, lo que si se debe poner en mesa debate antes de los beneficios de la inversión privada es la cuestión a las creaciones de nuevos procesos energéticos que no dañen el medio ambiente y evitar la explotación de los recursos naturales hasta su posible extinción.
Autor
Escrito por Arturo Dubey para la Edición #105 de Enciclopedia Asigna, en 10/2021. Dubey es Licenciado en Economía egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)