Definición de Juicio a las Juntas contexto, jueces, y sentencia

En el año 1983, en una Argentina devastada por siete años de violenta dictadura, se hizo necesario y urgente juzgar a los dictadores. Si bien en un principio la tarea fue abocada a un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que juzgaría a las Juntas militares según el código militar, rápidamente se comprendió que, al haber cometido crímenes sobre la sociedad civil, los dictadores debían ser juzgados por un tribunal civil.

Así, en diciembre de 1985, la justicia dictaminó que durante la dictadura existió un plan sistemático de tortura y desaparición de personas por el que los dictadores fueron hallados culpables. De esta forma, Videla y Massera recibieron la condena de prisión perpetua, Viola fue condenado a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años, y Agosti a 4 años y 6 meses. Asimismo, todos ellos fueron inhabilitados de forma absoluta y perpetua.

Este juicio fue de fundamental importancia ya que, por primera vez en la historia mundial, los dictadores fueron juzgados por el propio sistema judicial del Estado al que le habían hecho el golpe.

Contexto y antecedentes

Con el retorno a la democracia en diciembre de 1983, el juicio a los violadores de Derechos Humanos de la última dictadura se volvió imperioso. Con este fin en mente, desde el gobierno se creó la CONADEP, una organización que investigó a lo largo y ancho del país para obtener información respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. El resultado fue inesperado ya que se encontró que había existido una maquinaria de tortura y desaparición de personas organizada según un plan sistemático que conectaba a los centros clandestinos de detención y a las personas encargadas de llevar a cabo dicho plan. Así, luego de nueve meses de investigación, la CONADEP publicó el informe “Nuncá Más” que sería trascendental para juzgar a los militares ya que en el mismo se documentaron alrededor de 9.000 casos concretos de violaciones a los Derechos Humanos.

Paralelamente, el gobierno accedió al juzgamiento militar de las fuerzas. Así, los dictadores serían juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en base al código de justicia militar. Sin embargo, debido a que era evidente la intención de no llevar a cabo el juicio, el 13 de febrero de 1984, el Congreso sancionó la ley 23.049, la cual modificó el código de justicia militar, estableciendo que el mismo solo podría juzgar los delitos militares. En otras palabras, los crímenes que atentaban contra la esfera civil pasaban a ser juzgados por un tribunal civil. Para el 4 de octubre de 1984, la Cámara Federal se hizo cargo de la causa para enjuiciar a las Juntas, desplazando así a los tribunales militares.

Jueces y sentencia del juicio

Los jueces del tribunal civil encargados del juicio a las Juntas fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. Asimismo, el fiscal de la causa fue Julio César Strassera.

Entre abril y agosto de 1985 se llevó a cabo la audiencia pública en la que declararon 833 personas. En la misma quedó en evidencia el aparato sistemático y clandestino de la dictadura por el que, en todo el territorio argentino, se usó el mismo sistema de captura, privación ilegitima de la libertad, interrogatorio bajo tortura, y desaparición forzada de los detenidos. De esta forma fue posible establecer que había existido un plan dirigido desde los altos mandos y que no se trataba de excesos de los militares de bajo rango, es decir que se había tratado de un plan disciplinado y jerarquizado.

Luego de la audiencia pública, en septiembre, el fiscal Strassera solicitó la condena a los militares entendiendo que la responsabilidad era compartida por todos los miembros de la Junta cuya participación había sido probada. Al mes siguiente, los jefes militares realizaron su defensa sobre la base de la argumentación de que se había tratado de una guerra anti-subversiva y por esa razón no habían cometido crímenes.

En diciembre se dio a conocer el fallo del tribunal, el cual estableció que las Juntas diseñaron y ejecutaron un plan de desaparición forzada de personas y, a diferencia de lo planteado desde la fiscalía, se reconoció el accionar autónomo de cada Fuerza y de cada Junta. En ese sentido, las Fuerzas Aéreas recibieron una pena menor y se exculpó a la última Junta conformada por Galtieri-Anaya-Lami Dozo puesto que no se habría probado que hubiesen dirigido dicho plan.

Por medio de la sentencia, Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua, Viola a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión. A todos ellos también se les condenó a inhabilitación absoluta perpetua.

Lo fundamental de este juicio fue que sentó precedente internacional ya que por primera vez en la historia, los dictadores fueron juzgados por las leyes del propio país al que le habían hecho el golpe de Estado. Asimismo, el juicio a las Juntas fue importante para la transición a la democracia en Argentina ya que implicó un castigo a los responsables y no una transición negociada como en los países vecinos de Brasil, Chile y Uruguay.

Autora

Escrito por Mercedes Roch para la Edición #111 de Enciclopedia Asigna, en 04/2022. Mercedes es Profesora y Licenciada en Historia, egresada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Maestranda en Estudios Culturales Latinoamericanos. Autora de Primeras (Editorial Malisia).