En los medios de comunicación aparece habitualmente este término, y su uso se encuentra enmarcado en las relaciones jurídicas entre dos estados, así como en relación con los actos delictivos de aquellos individuos que actúan fuera de sus fronteras. Si una persona con una nacionalidad determinada comete un delito en otro país y es detenido o juzgado por ello, el país de origen del delincuente puede solicitar la extradición del mismo. Esto significa que pretende que el ciudadano que ha cometido una infracción es requerido por las autoridades legales de su país de origen para ser juzgado o ponerlo a la disposición de la justicia y bajo las leyes propias de su nación.
Para que haya extradición efectiva debe haber un acuerdo o tratado que explicite tal acción entre las dos naciones implicadas. Si no existe tal acuerdo, se realiza una petición al respecto, con la intención de que sea concedida. Un requisito imprescindible es que el delincuente tenga la nacionalidad del país solicitante y que la legislación del país solicitado contemple como punible en su legislación los motivos por los que el delincuente es requerido.
Un ejemplo hipotético puede resultar esclarecedor. Un terrorista español huye de la justicia y se instala en México. Las autoridades españolas lo averiguan y solicitan que las autoridades mexicanas envíen al terrorista a España, para que sea juzgado según sus leyes. La autorización dependerá del posible acuerdo de extradición entre ambas naciones, de la nacionalidad del individuo, de la legislación mexicana y su valoración en relación con las acciones cometidas por el terrorista.
Hay una circunstancia en la que no se contempla la extradición: aquellas causas de tipo político. Los tratados internacionales determinan que los delitos políticos ( por ejemplo, la defensa de unas ideas contrarias a una gobierno totalitario ) no pueden alegarse como causa para la extradición. Es una manera de garantizar la libertad de expresión, de asociación y, en general, de proteger las libertades políticas de los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.
Otro punto de vista de la extradición es el del delincuente, quien para huir de la justicia de su país puede trasladarse a otro, donde sepa que las leyes en vigor garantizan su no extradición. Esta posibilidad está en el origen de la mayoría de conflictos de extradición entre las naciones.
No es fácil llegar a un acuerdo generalizado y con carácter internacional en relación con este conflicto, puesto que la legislación de cada estado es autónoma y sus intereses y valores pueden estar en conflicto con los que tienen otras naciones.
En las últimas décadas se han formado tribunales de justicia internacional. Uno de sus propósitos es facilitar la extradición de los individuos que utilizan barreras legales para ser juzgados. La dimensión internacional de estos tribunales supone un avance en la justicia global, es una forma de impedir la impunidad ante ciertos delitos.