Hay situaciones en las que un país se encuentra ante unas circunstancias especiales que obligan a tomar medidas con un carácter excepcional. De manera general, la legislación establece en la constitución de cada nación los casos y las circunstancias que tienen un valor excepcional. Quien determina y declara esta decisión es el poder ejecutivo ( presidente de gobierno, consejo de ministros, con la autorización del congreso de los diputados ).
En primer lugar, existe el estado de alarma. Se da esta catalogación en los casos siguientes: catástrofe natural, falta de alimentos para la población o epidemias. La finalidad de esta medida es asegurar el regreso a la normalidad, para lo cual se adoptan las acciones que se consideran oportunas.
Puede darse el caso de declaración del estado de excepción. Ocurre cuando hay algo muy especial acontece y el gobierno considera que debe solucionarlo, para lo cual autoriza al ejército a intervenir activamente para restablecer el orden. Algunas de las medidas temporales que se pueden adoptar consisten en limitar los derechos de los ciudadanos.
También existe el estado de sitio. Es la declaración de mayor excepcionalidad. Equivale al estado de guerra y se lleva a cabo cuando el gobierno de una nación se encuentra ante una amenaza evidente: una guerra civil, una invasión de un ejército extranjero, un atentado a la seguridad nacional o la posible ruptura de la unidad territorial del país. Para afrontar estos peligros, el gobierno decide anular provisionalmente las garantías que establece la legislación y otorga a las fuerzas armadas un amplio margen de actuación.
El estado de sitio puede no darse nunca en la historia de un país, pero se contempla como una posibilidad para que se activen los mecanismos necesarios para frenar las causas que lo han originado.
El carácter especial y, sobre todo, excepcional del estado de sitio origina un debate teórico dentro del derecho. Para algunos, el peligro del estado de sitio consiste en que otorga al gobierno la potestad de utilizar la violencia. Para otros, es razonable que se contemple la posibilidad de esta declaración porque hipotéticamente es factible que haya amenazas reales y ante ellas es preciso estar prevenido y saber cómo debe actuarse.