Biografía de Nasry Asfura

Nació en Tegucigalpa, hijo de Nasry Juan Asfura y Gloria Zablah, descendientes de palestinos que emigraron a Centroamérica durante el conflicto árabe-israelí de los años cuarenta. Cursó la primaria en la capital y el bachillerato en el Instituto San Francisco de Comayagüela. Se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, primero en Economía y luego en Ingeniería Civil, pero abandonó las aulas antes de graduarse para dedicarse de lleno a la construcción, un dato que sus adversarios usaron en su contra y que él convirtió en credencial de hombre práctico.

Se casó con Lissette del Cid, a quien había conocido pocos meses antes. La pareja tuvo tres hijas —Monique, Stephanie y Alexandra— y varias nietas. Su esposa, dedicada a la actividad filantrópica, asumió como primera dama en 2026.

Consolidó su actividad empresarial en el rubro de la construcción, donde acumuló más de tres décadas de experiencia al frente de varias compañías. En esos mismos años se acercó a la administración pública como colaborador y funcionario administrativo de la alcaldía capitalina, y comenzó a vincularse al Partido Nacional a través de proyectos comunitarios de infraestructura.

Nació el apodo que lo acompañaría para siempre. Según su propio relato, mientras supervisaba la construcción de un acceso en una colonia capitalina y grababa un anuncio de campaña, un taxista lo saludó celebrando su trabajo y él respondió con un espontáneo «ya vas a ver, papi, a la orden». La frase se transformó primero en eslogan publicitario y después en su marca personal.

Se desempeñó como regidor de la alcaldía del Distrito Central, su primer cargo de elección popular y la escuela donde aprendió el funcionamiento cotidiano de la gestión municipal.

Fue diputado al Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. En paralelo, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, dirigió el Fondo Hondureño de Inversión Social, organismo creado en 1990 para canalizar obras de infraestructura y programas sociales en municipios pobres.

Ejerció como alcalde del Distrito Central durante dos períodos consecutivos, el papel que definió su perfil público. Su gestión se concentró en obra vial: pasos elevados, puentes, ampliaciones y accesos que buscaron descongestionar una capital de topografía difícil. Los partidarios destacan que no dejó placas conmemorativas con su nombre y que atendía personalmente los reclamos vecinales; los críticos le reprocharon un exceso de acero y cemento en detrimento de otras urgencias urbanas y lo acusaron de cultivar una popularidad demagógica. De esa etapa proviene el respaldo capitalino que sostuvo sus dos candidaturas presidenciales.

Perdió su primera elección presidencial. Como candidato del Partido Nacional obtuvo alrededor del 37 % de los votos y quedó segundo frente a Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad y Refundación, quien se convirtió en la primera mujer en gobernar Honduras. La derrota se produjo en el peor momento del nacionalismo, golpeado por el proceso judicial que en Estados Unidos enfrentaba el presidente saliente, Juan Orlando Hernández.

Regresó a la contienda proclamado otra vez candidato presidencial del Partido Nacional, del que además asumió la presidencia. Se presentó con el lema «Firmes por Honduras» y una plataforma centrada en el empleo, la descentralización municipal, la seguridad, la salud, la educación y la atracción de inversión.

Compitió en unas elecciones generales sin balotaje, con dos rivales principales: la oficialista Rixi Moncada y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal. La recta final estuvo marcada por la irrupción de Donald Trump, que respaldó públicamente su candidatura, cuestionó a sus adversarios en duros términos, advirtió que Washington retiraría su apoyo si el resultado era otro y anunció el indulto de Juan Orlando Hernández, condenado en Nueva York por narcotráfico. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea consideró que esos mensajes pudieron haber influido en amplios segmentos del electorado.

Atravesó un escrutinio extenuante. El conteo se detuvo en varias ocasiones por fallas del sistema de divulgación, en un país donde el recuerdo de la crisis electoral de 2017 seguía intacto. Nasralla denunció irregularidades y pidió ampliar la revisión de urnas, mientras el partido oficialista reclamaba la anulación de los comicios. El 24 de diciembre, con el 98,27 % de las actas divulgadas sin inconsistencias, el Consejo Nacional Electoral lo declaró presidente electo con 40,27 % de los votos frente al 39,53 % de Nasralla, una diferencia de apenas 0,74 puntos; Moncada quedó tercera con 19,19 %. Su rival rechazó la declaratoria y anunció impugnaciones. Él celebró el anuncio asegurando que estaba preparado para gobernar y que no le fallaría al país.

Asumió la Presidencia de la República en una ceremonia austera celebrada en el Congreso Nacional, sin delegaciones extranjeras más allá del cuerpo diplomático acreditado, y que recuperó una práctica institucional abandonada durante años. En su primer discurso prometió priorizar la generación de empleo, la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad. Consultado sobre el indulto concedido a Juan Orlando Hernández, marcó distancia sin confrontar: sostuvo que se trataba de una potestad exclusiva del presidente estadounidense y que no le correspondía juzgarla.

Puso en marcha el plan de gobierno «Honduras, vamos a estar bien», organizado en once políticas y acompañado de informes periódicos de rendición de cuentas. Entre las medidas difundidas por el Ejecutivo figuran el pago de deudas acumuladas con municipalidades y proveedores, subsidios al combustible y a la factura eléctrica, la rehabilitación de más de mil seiscientos kilómetros de carreteras, la entrega de maquinaria a los 298 municipios, las Unidades Médicas de Atención Comunitaria, una billetera digital estatal y la venta del avión presidencial, que calificó de lujo innecesario.

Presentó el balance de sus primeros 183 días bajo el lema «Un gobierno que hace», con énfasis en la disciplina fiscal, el recorte del gasto y una agenda de obra pública. El informe oficial destacó el aumento de las reservas internacionales netas y el refuerzo del equipamiento policial y militar. La lectura ciudadana, sin embargo, resultó bastante menos favorable: el sondeo de opinión pública del ERIC-SJ calificó la gestión con 3,82 sobre 10 y registró que siete de cada diez hondureños se declaraban insatisfechos, con el costo de la vida, el desempleo y la pobreza a la cabeza de los reclamos. El contraste entre el relato oficial y la percepción social define, por ahora, el pulso de su mandato, que se extiende hasta 2030.