Biografía de Jorge Rafael Videla

Nació en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Descendía de una tradicional familia de la provincia de San Luis con una prolongada trayectoria política y militar: su abuelo, Jacinto Videla, había sido gobernador de esa provincia entre 1891 y 1893, y su padre fue oficial del Ejército, aunque no logró ascender más allá del grado de coronel. Lo bautizaron Jorge Rafael, utilizando los nombres de dos hermanos que habían fallecido durante la infancia antes de que él naciera.

Cursó sus estudios primarios en Mercedes y luego fue enviado al Colegio San José de Buenos Aires, una institución religiosa de prestigio por la que habían pasado figuras prominentes de la política argentina, entre ellas el expresidente Hipólito Yrigoyen.

Siguiendo los pasos de su padre, ingresó en el Colegio Militar de la Nación a los diecisiete años. Se graduó el 21 de diciembre de 1944 con el grado de subteniente de infantería, ubicándose sexto en la promoción 73, que contó con ciento noventa y seis cadetes. Entre sus compañeros de promoción se encontraban Roberto Eduardo Viola y Carlos Guillermo Suárez Mason, quienes años más tarde serían sus subordinados y cómplices en la dictadura.

Se casó con Alicia Raquel Hartridge, hija de Samuel Alejandro Hartridge, un profesor de física de ascendencia inglesa que se desempeñó como embajador argentino en Turquía. El matrimonio tuvo siete hijos. Dos de ellos, Rafael Patricio y Fernando Gabriel, siguieron la carrera militar en el Ejército. Un tercer hijo, Alejandro Eugenio, fue internado desde joven en la Colonia Montes de Oca, diagnosticado con una discapacidad severa, y murió prematuramente. El dictador ocultó sistemáticamente la existencia de este hijo durante toda su vida pública.»),

Cursó la Escuela Superior de Guerra entre 1952 y 1954, donde obtuvo el título de oficial de Estado Mayor. Fue destinado a la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960. Posteriormente dirigió la Academia Militar hasta 1962. Durante el enfrentamiento interno del Ejército entre las facciones conocidas como azules y colorados, en 1962 y 1963, se alineó con los colorados, el bando derrotado. Sin embargo, fue uno de los pocos oficiales de esa facción que logró evitar la baja durante los procesos disciplinarios que siguieron a la sublevación. El escritor Jorge Luis Borges describió con precisión el mundo en el que se formó Videla al referirse a los militares de su tiempo como habitantes del más artificial de los mundos, un universo de jerarquías, órdenes, arrestos, saludos, marchas y ascensos.

Fue ascendido a general de brigada y el dictador Alejandro Agustín Lanusse lo designó director del Colegio Militar de la Nación. Su perfil discreto, su obediencia a rajatabla y la percepción generalizada de que se trataba de un hombre apolítico y estrictamente profesional fueron, paradójicamente, los atributos que facilitaron su meteórico ascenso dentro de la estructura castrense.

El comandante en jefe del Ejército, Leandro Anaya, lo nombró jefe del Estado Mayor del Ejército. Argentina atravesaba un período de extrema convulsión política: la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974 dejó la presidencia en manos de su viuda, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, cuyo gobierno se vio desbordado por la violencia de grupos guerrilleros de izquierda y organizaciones paramilitares de extrema derecha, por una grave crisis económica y por una creciente inestabilidad institucional.

La presidenta Martínez de Perón lo designó comandante en jefe del Ejército, el cargo más alto de la fuerza. Su llegada a esa posición se produjo tras la caída de su antecesor, cuestionado por generales subordinados. El entonces ministro de Economía, Antonio Cafiero, explicó que Videla fue elegido simplemente porque era el siguiente en la escala de antigüedad después de que los candidatos naturales quedaran descartados por distintos motivos. En una reunión de comandantes en jefe de las fuerzas armadas de la región, celebrada en Montevideo poco antes del golpe, Videla anticipó lo que vendría al declarar que en la Argentina deberían morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país.»),

Encabezó, junto al almirante Emilio Eduardo Massera y al brigadier general Orlando Ramón Agosti, el golpe de Estado que derrocó a la presidenta constitucional. Se conformó una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas. Disolvieron el Congreso Nacional, proscribieron a los partidos políticos, intervinieron los sindicatos, censuraron a la prensa y establecieron un régimen de terror que se extendería durante siete años. Dos días después del golpe, Videla asumió formalmente la presidencia de facto.

El régimen puso en marcha un plan sistemático de represión clandestina que constituyó la maquinaria de terrorismo de Estado más letal de la historia argentina. Cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio funcionaron distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Los métodos empleados incluyeron secuestros, torturas con picana eléctrica, violaciones, simulacros de fusilamiento, y los denominados vuelos de la muerte, en los que los detenidos eran arrojados vivos desde aviones militares al Río de la Plata y al océano Atlántico.

Los bebés nacidos en cautiverio eran arrebatados a sus madres y entregados en adopción ilegal a familias vinculadas al régimen, borrando sus identidades. Miles de personas fueron obligadas a partir al exilio para salvar sus vidas. Las víctimas incluyeron militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, profesores universitarios, artistas, intelectuales, religiosos, periodistas y cualquier persona sospechada de oponerse al régimen o de profesar ideas consideradas subversivas. El propio Videla definió su concepto de terrorista como alguien que no necesariamente porta un arma o una bomba, sino que también puede ser quien difunda ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana.

para(«Un grupo de catorce mujeres, encabezadas por Azucena Villaflor, comenzó a manifestarse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, exigiendo saber el paradero de sus hijos desaparecidos. Nacían las Madres de Plaza de Mayo, que se convertirían en uno de los movimientos de derechos humanos más emblemáticos del mundo. La propia Villaflor fue posteriormente secuestrada, torturada y asesinada por el régimen en los vuelos de la muerte.

Pasó a retiro como comandante en jefe del Ejército, pero fue ratificado como presidente de facto por la junta militar. Durante este año, la Argentina fue sede del Mundial de Fútbol, un evento que la dictadura utilizó como instrumento de propaganda para proyectar al exterior una imagen de normalidad y ocultar las atrocidades que se cometían puertas adentro. Mientras la selección argentina conquistaba el campeonato, a pocos kilómetros de los estadios continuaban funcionando los centros clandestinos de detención.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina y elaboró un informe demoledor que denunció desapariciones masivas e instancias de abuso generalizado bajo el gobierno de Videla. El dictador atribuyó las críticas internacionales sobre derechos humanos a una supuesta campaña antiargentina orquestada desde el exterior.

Entregó la presidencia a su sucesor, el general Roberto Eduardo Viola, tras cumplir el período de cinco años establecido por la junta militar. Fue el mandato más prolongado de un presidente de facto de origen militar en la historia argentina. Se retiró a la vida privada sin realizar declaraciones públicas durante el resto de la dictadura, que continuaría bajo el mando de Viola, luego de Leopoldo Fortunato Galtieri, responsable de la desastrosa Guerra de Malvinas contra el Reino Unido en 1982, y finalmente de Reynaldo Bignone, quien condujo la transición hacia la democracia.

Tras el retorno de la democracia con la asunción del presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, se celebró el Juicio a las Juntas, un proceso judicial histórico e inédito en América Latina que sentó en el banquillo de los acusados a los máximos responsables de la dictadura. Videla fue juzgado por crímenes de lesa humanidad, condenado a reclusión perpetua y degradado de su rango militar. Se trató del primer caso en el continente en que un exdictador fue condenado por un tribunal civil en democracia.

El presidente Carlos Menem lo indultó junto a otros militares condenados, argumentando la necesidad de superar los conflictos del pasado y alcanzar la reconciliación nacional. Videla recuperó la libertad tras apenas cinco años en prisión. El indulto generó un profundo rechazo en amplios sectores de la sociedad argentina y en los organismos de derechos humanos.

Fue nuevamente detenido, esta vez por la sustracción de menores nacidos en cautiverio durante la dictadura, un delito que había sido excluido de las leyes de amnistía (Punto Final y Obediencia Debida) y de los indultos presidenciales. Cumplió arresto domiciliario en su residencia durante varios años, alternando períodos breves en prisión.

La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y posteriormente la del indulto presidencial de Menem. Esto abrió la puerta a la reapertura de las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Videla quedó nuevamente expuesto a la acción de la justicia por la totalidad de los delitos que se le imputaban.

Perdió el beneficio del arresto domiciliario por la gravedad de las imputaciones en su contra y fue trasladado a la prisión militar de Campo de Mayo, donde permaneció durante cuatro años.

Un tribunal lo declaró culpable del fusilamiento de una treintena de presos políticos en la ciudad de Córdoba en 1976 y lo condenó a prisión perpetua. En el transcurso de los años posteriores reconoció, en entrevistas concedidas al periodista Ceferino Reato, que aproximadamente ocho mil argentinos habían sido asesinados por el régimen entre 1976 y 1983, y que los cuerpos fueron ocultados o destruidos para evitar protestas dentro y fuera del país. También admitió que las detenidas embarazadas fueron ejecutadas después de dar a luz y que sus hijos fueron apropiados ilegalmente.

Fue condenado a cincuenta años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 6 de Buenos Aires al ser hallado responsable de la puesta en marcha del plan sistemático de sustracción de menores nacidos en centros clandestinos de detención. Fue encontrado culpable en dieciocho casos específicos de robo de bebés. Durante el juicio, lejos de mostrar arrepentimiento, calificó a las madres de los niños sustraídos como militantes activas de la maquinaria del terror. Al momento de recibir esta condena, ya cumplía la pena de reclusión perpetua impuesta en el Juicio a las Juntas y la dictada en 2010 por los fusilamientos de Córdoba.

Fue hallado muerto en su celda del penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, a los ochenta y siete años. Los guardias lo encontraron sentado sobre el inodoro en las primeras horas de la mañana. La noche anterior había manifestado malestar, fue trasladado al hospital del penal, pero los médicos no detectaron nada significativo y lo devolvieron a su celda. Al momento de su fallecimiento, estaba siendo juzgado en una nueva causa por los crímenes de la Operación Cóndor y enfrentaba otras nueve causas abiertas por delitos de lesa humanidad. Jamás expresó remordimiento alguno por las atrocidades cometidas bajo su mando.