Biografía de Fernando Sabag Montiel

Nació en Brasil y reside hace muchos años en la Argentina.

Su domicilio se registra en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de la Paternal, pero se comprobó que vive en la localidad bonaerense de San Martín.

Registró un antecedente por portar armas no convencionales.

Intentó asesinar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, cuando ésta llegó a su casa, y mientras se encontraba saludando a militantes y firmando autógrafos.

A pesar del operativo de seguridad que la rodea siempre, nadie advirtió la amenaza y de entre la multitud, apareció, le apuntó con el arma a la cabeza, y le habría gatillado dos veces de acuerdo con lo que comentaron los testigos.

En ese momento, ni la custodia, ni CFK, tomaron conciencia del gravísimo suceso, y ella siguió saludando a la muchedumbre que desde hace unos cuantos días está apostada en la puerta de su casa para brindarle su apoyo, en el marco de la causa judicial en la cual se la juzga por haber sido la presunta jefa de una asociación ilícita, durante su desempeño como presidenta de la nación (2007-2015), y haber beneficiado a empresarios amigos con adjudicaciones para llevar a cabo obras públicas, especialmente en la provincia de Santa Cruz.

Los militantes que advirtieron todo el suceso lo detuvieron a golpes de puño cuando quiso huir de la escena y luego fue aprehendido por la policía. Desde ese día permanece detenido.

Cuando allanaron su casa se encontraron 100 balas de dicha pistola Bersa con la cual intentó asesinar a la vice argentina. En tanto, tras la investigación sobre sus redes sociales, se detectó que era seguidor de grupos radicalizados o de odio.

Por otra parte, aparecieron archivos de unas entrevistas que brindó para la señal de noticias Crónica Tevé, en las cuales criticó fuertemente a aquellas personas que cobran planes sociales, pidió la extradición de extranjeros que delinquen, y cuestionó en duros términos a la dirigencia política.

El cuestionamiento hacia las fuerzas de seguridad intervinientes en el operativo de seguridad se extendió más allá de su endeble accionar tras el ataque, y llegó hasta quienes manipularon el teléfono celular del agresor, inmediatamente después del atentado, porque lo habrían reiniciado al estado original de fábrica, hecho que complicó aún más el acceso a una pista fundamental.

Intervino en el caso la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

La justicia investiga no solamente el ataque a la vice sino también la causa de ese reinicio que impidió e impide acceder a la información de su teléfono marca Samsung, modelo A50.

Entre las hipótesis barajadas se cuentan: desprolijidades en la cadena de custodia del aparato, la deficiente gestión para concretar el procedimiento de desbloqueo (el contenido podría haber sido borrado desde una cuenta de Google asociada al teléfono), o que estuviese configurado para regresar a su estado original ante el eventual ingreso sin la clave pertinente, y que los varios intentos por acceder hayan accionado esta opción.

De acuerdo con la opinión de varios expertos en tecnología resultaría una tarea difícil recuperar la información de un teléfono que se reinició a fábrica, y en lo que también coincidieron es que la acción no se ejecuta sola, y que es casi seguro que la efectuó, de modo remoto, alguien, que a sabiendas de lo sucedido y la captura del teléfono, la accionó para borrar cualquier detalle o datos incriminatorios.

Por otra parte, sostuvieron que es poco probable que una autoridad experta haya provocado dicha acción porque se trataría de un error sumamente grosero.

También aseguraron que ante esta circunstancia será imposible acceder a las conversaciones mantenidas por WhatsApp y Telegram.

Si está asociada a una cuenta en la nube, probablemente, algo pueda recuperarse, pero todos convinieron en que será una tarea muy difícil de lograr.

La empresa Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras redes sociales, anunció que cerró sus perfiles, a través de los cuales mantenía una asidua actividad.

Cabe destacarse que, es una acción regular y consecuente de dicha organización cuando uno de sus miembros es detenido o acusado de algún ilícito grave como en este caso.

Generalmente, son los mismos usuarios de la red quienes denuncian, y tras corroborarse el hecho, la empresa procede a eliminar los perfiles, como en este caso que medió una gravísima situación de violencia institucional.

No tenía una gran red de seguidores, casi 800, mientras que él sí seguía a unas 5 mil personas a través de su cuenta de Instagram.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia tiene a cargo su causa y de ser necesario suele solicitar la ayuda de Meta.

Se impuso el secreto de sumario en la causa. La jueza que instruye el caso presume que no actuó solo; sospechan de su novia, con quien se lo pudo ver el día del ataque a través de varias cámaras de seguridad dispuestas en la ciudad. Gracias al estudio de dichas imágenes, la justicia pudo reconstruir sus pasos previos al ataque.

Si bien todo está en materia de estudio, no presumen que detrás del joven exista una sofisticada organización.

Detuvieron a su pareja, Brenda Uliarte, en un operativo, en el barrio de Palermo.

Si bien la joven de 23 años, unos días antes, en una entrevista televisiva, declaró que hacía días no lo veía, la justicia comprobó a través de las cámaras de seguridad que mintió, y que en efecto estuvo con él un tiempo antes del ataque.

Haría un mes que viven juntos, negó saber que él disponía de un arma y que en la casa que compartían había 100 balas.

También, contó, que trabajaban juntos y con otros amigos en un emprendimiento de venta de algodón de azúcar.

Al igual que su pareja, Brenda, tenía intensa actividad en sus redes sociales, donde se hacía llamar Ámbar.